Debido a que las instancias gubernamentales están imposibilitadas para cumplir la totalidad de sus funciones sin recurrir para ello a los particulares, resulta necesario crear relaciones contractuales para que las personas de derecho privado puedan coadyuvar en la prestación de bienes y servicios que las entidades públicas brindan a la ciudadanía.

El contrato administrativo es el instrumento que contiene las obligaciones de las partes, así como las penalizaciones en caso de incumplimiento, por lo tanto, es fundamental contar con un acompañamiento que realicé un análisis legal de las cláusulas, asegurando que el sentido de éstas sea para el mayor beneficio de nuestros clientes advirtiendo oportunamente los riesgos legales que pueden contener determinadas relaciones contractuales de carácter administrativo.

Lo anterior, se lleva a cabo mediante procesos de adjudicación de contratos que van desde la licitación pública hasta la adjudicación directa, sin embargo, no en pocas ocasiones los particulares coadyuvan bajo un régimen regulatorio especial, resultando necesario contar con acompañamiento y asesoría especializada en este ámbito para resultar adjudicados.